Derechos ¿De quién?

    En Málaga hay una residencia para personas con discapacidad en la que la directora tenía sospechas de que los cuidadores del turno de noche no hacían sus funciones como decían. Contrataron una empresa de detectives, los cuales decidieron poner unas cámaras de vigilancia en algunos sitios. 

   No esperaban ver lo que realmente pasaba. En las dos primeras cintas se vio como personas totalmente indefensas eran maltratadas y vejadas por las personas que debían cuidarlos. Procedieron a ponerlo en conocimiento de quien correspondía, quienes después de visionar las imágenes procedieron al despido de varios empleados. Algunos de ellos aceptaron como correcto el despido, otros no. Han denunciado por despido improcedente al no avisarles de que habían colocado cámaras. La fiscalía pide cinco años de cárcel para seis de ellos. 

   Vaya por delante que estoy totalmente en contra de que se grabe a alguien sin su consentimiento; pero no deja de ser verdad también, que si los maltratadores hubieran sabido de la existencia de esas cámaras esas, esas imágenes no se hubieran producido. Es la única prueba que hay, ya que a las personas a las que maltrataban y vejaban tienen discapacidades muy severas que les impiden defenderse o pedir ayuda.

   Todo esto pasó hace algún tiempo; pero ha saltado otra vez a la actualidad, ya que se dice que si prosperan las denuncias de los trabajadores es muy posible que tengan que ser readmitidos en sus puestos de trabajo todos los denunciantes. A la espera del juicio aquí entre el debate: ¿Qué tiene prioridad? ¿El derecho de unos empleados que no cumplían con sus funciones como debían o el de las personas maltratadas y vejadas incapaces de defenderse? Yo lo tengo muy claro y espero que el juez al que le toque llevar el caso también. A la vista de las imágenes estoy totalmente en desacuerdo con que vuelvan a su puesto de trabajo.

Nieves